Carta pública a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández

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Señora Ministra.

El próximo miércoles 3 de febrero la Primera Sala de la Suprema Corte tiene listada para resolver la Solicitud de reasunción de competencia 41/2015, asunto que deriva de un amparo colectivo tramitado por un grupo de personas homosexuales impugnando la discriminación contenida en la definición de matrimonio en la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil de aquella entidad.

Este asunto fue turnado a su ponencia para la elaboración del proyecto con el que se decidirá si la Corte atrae el asunto y con ello la Corte continúa construyendo una línea jurisprudencial incluyente a favor de la no discriminación, o si deja esa tarea a un Tribunal Colegiado en Tamaulipas.

Desde Matrimonio Igualitario México estuvimos al pendiente de su intervención el pasado 26 de enero en el debate de la Acción de inconstitucionalidad 28/2015, celebramos con entusiasmo sus contundentes palabras:

He manifestado públicamente –en diversas oportunidades– mi compromiso con un modelo de justicia constitucional que tiene como uno de sus ejes fundamentales el de garantizar la vigencia de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, entre los que destacan el derecho a la dignidad de las personas, el derecho a la autonomía personal, a la igualdad y a la no discriminación.

A menudo, el cumplimiento de este deber requiere poner límites al poder público, incluido, por supuesto, al Poder Legislativo elegido democráticamente, porque el artículo 1º constitucional impone a todas las autoridades del país, sin excepción, el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Así, el poder de legislar de las mayorías legislativas debe ejercerse dentro de los confines marcados por los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución.

Nos llena de satisfacción saber que la Corte recibe a una jurista con una visión clara del papel de un tribunal constitucional; es por ello que a través de este espacio nos dirigimos públicamente a usted para hacer un pequeño recuento de lo que han sido los últimos tres años en una lucha que desde la ciudadanía, sin partidos políticos de por medio, hemos iniciado en busca de la reivindicación de nuestros derechos.

Los primeros casos decididos por la Corte vía amparo en relación con el matrimonio entre personas del mismo sexo fueron resueltos el 5 de diciembre de 2012. A partir de ahí la estrategia se fue replicando en el resto del país.

El resultado de estos esfuerzos fueron las jurisprudencias emitidas en junio del año pasado, algo que hubiera tardado mucho más tiempo en integrarse sin la articulación de una red ciudadana nacional .

De igual manera el arduo trabajo ciudadano obligó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a emitir la Recomendación General 23 para que dicho órgano no continuara con el silencio que desde diciembre de 2012 había guardado sobre este tema.

No obstante que la vía del amparo se había abierto con los amparos en revisión 457/2012, 567/2012 y 581/2012, la carga que implica ser la primera pareja homosexual en un Estado que solicita el matrimonio para acudir al amparo hizo que en muchas entidades fuera difícil iniciar esta batalla por el reconocimiento de derechos.

En este sentido, un nuevo caso decidido por la Suprema Corte en abril de 2014, el amparo en revisión 152/2013, volvería a sentar precedente en términos de la procedencia de juicio de amparo, permitiendo con ello acercar la justicia constitucional a la población LGBTI, un sector históricamente discriminado.

En dicha sentencia se sostuvo que

… las leyes –acciones por parte del Estado– no sólo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes que dan coherencia a los contenidos normativos que establecen; es decir, las leyes no regulan la conducta humana en un vacío de neutralidad, sino que lo hacen para transmitir una evaluación oficial sobre un estado de cosas, un juicio democrático sobre una cuestión de interés general. Así, es posible suponer que, en ciertos supuestos, el Estado toma posición sobre determinados temas; el presupuesto inicial es que las palabras contienen significados y que el leguaje es performativo.[1]

Esta consideración, entre muchas otras que se desarrollan en la resolución, puso al descubierto que la discriminación puede ser ejercida con la sola existencia de la norma que excluye y con ello deslegitima a un sector de la población en el ejercicio de derechos.

La decisión es histórica porque haciendo eco del derecho comparado sostuvo que “no puede someterse a una persona ya afectada por la existencia de una legislación a la indignidad de serle negado el acceso a la justicia para que se pueda cuestionar ante la Corte la validez de la legislación”[2].

Estos criterios de avanzada hicieron que en aquellos Estados en donde la legislación no se había cuestionado, porque el mismo entorno de discriminación impedía a las parejas dar el primer paso para solicitar el matrimonio, pudiera controvertirse a través de grupos de personas homosexuales que decidieron afrontar en lo individual o colectivamente este tipo de leyes a través del amparo.

Así las cosas, iniciaron a tramitarse juicios como el que se decide en la Reasunción de competencia 41/2015 turnada a su ponencia, ayudando a exhibir la discriminación que se vive en el país hacia la población LGBT, discriminación que, contrario a los tratados internacionales, persiste en el aspecto social y jurídico en gran parte del país.

En el camino hemos encontrado legislaciones abiertamente discriminatorias, como el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Oficinas del Registro Civil del Estado de Tamaulipas:

Art. 43.- El Oficial recibirá la formal declaración que hagan los contrayentes de ser su voluntad unirse en matrimonio, y antes de manifestar a los contrayentes que han quedado legítimamente unidos ante la sociedad y las leyes de la Nación, leerá en voz alta y clara lo siguiente:

Que el hombre, cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección, tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia generosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando éste débil se entrega a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende y con la delicadeza de que no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo.

Normas que también se han podido impugnar teniendo como precedente el estándar de interés legítimo desarrollado por esta Primera Sala en el amparo en revisión 152/2013.

Ahora bien, en el tema de normas que discriminan a las personas homosexuales en el acceso al matrimonio, son aproximadamente 40 los juicios que, con base en el interés legítimo, hemos tramitado desde Matrimonio Igualitario México en coordinación con otras organizaciones y colectivos del país (ver tabla al final), sin contar los que de forma independiente se han iniciado desde otras trincheras.

Dos de estos juicios (amparos en revisión 263/2014 y 483/2014) fueron resueltos por la Primera Sala reiterando el criterio de procedencia contenido en el amparo 152/2013; varios otros se encuentran en trámite en la Primera Sala como Solicitudes de reasunción de competencia (102/2015 y 123/2015).

Asimismo actualmente se encuentran en trámite también en la Primera Sala el amparo en revisión 1266/2015 así como los que deriven de las reasunciones de competencia 32/2015 y 36/2015.

Todos ellos tiene al interés legítimo como criterio de procedencia, aunque el tema en revisión en algunos de ellos se refiere a los criterios de reparación de acuerdo a los criterios internacionales.

Como puede observarse, la Primera Sala a través de criterios vanguardistas nos ha aportado a la ciudadanía y en especial a la población LGBTI una herramienta de suma importancia para la reivindicación de nuestros derechos, lo que ha repercutido en la construcción de ciudadanía más democrática en la que las personas son el centro de todo el sistema jurídico.

El Pleno de esta Corte al resolver las acciones de inconstitucionalidad 8/2014 y 28/2015 ha dado cuenta de la resistencia de los Congresos locales a adoptar los criterios que desde este Alto Tribunal así como de instancias internacionales se han pronunciado sobre el principio de igualdad y no discriminación en el acceso al matrimonio.

Desde Matrimonio Igualitario México también hemos documentado esta resistencia a través de los informes justificados que rinden las autoridades en los juicios de amparo.

Por todo ello es importante que desde la Primera Sala se sigan difundiendo criterios novedosos y de vanguardia que nos permita a la ciudadanía hacer frente a los abusos de poder que restringen seriamente nuestros derechos.

En estas circunstancias consideramos importante que estos elementos sean tomados en cuenta al momento de proponer el proyecto en la Reasunción de competencia 41/2015, esta es una oportunidad más para que la Suprema Corte se continúe consolidando como un tribunal constitucional de vanguardia.

 

Lic. Alex Alí Méndez Díaz

Coordinador General de Matrimonio Igualitario México.

 

Amparos tramitados por ciudadanos y ciudadanas que con base en un interés legítimo han decidido cuestionar la constitucionalidad de normas discriminatorias como lo son las definiciones de matrimonio que lo proyectan como una figura accesible sólo a parejas heterosexuales.

  Expediente Juzgado Estado y estatus.
1 Amparo indirecto 982/2014 Juzgado Tercero de Distrito Hidalgo

En trámite en la Primera Sala, derivado de la reasunción de competencia 32/2015 votada favorablemente.

Amparo en revisión 16/2015 Primer Tribunal Colegiado
2 Amparo indirecto 1020/2014 Juzgado Noveno de Distrito Tamaulipas

La sentencia que ampara fue confirmada por el Tribunal Colegiado.

Amparo en revisión 531/2014 Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa
3 Amparo indirecto 538/2015 Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federale.s Tamaulipas

Sentencia que ampara.

4 Amparo indirecto 783/2014 Juzgado Octavo de Distrito Chihuahua

Sentencia que ampara.

5 Amparo indirecto 340/2015 Juzgado Segundo de Distrito Chihuahua

Sentencia que ampara., en trámite el recurso de revisión.

Amparo en revisión 275/2015 Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa.
6 Amparo indirecto 904/2015 Juzgado Primero de Distrito Chihuahua

Sentencia que ampara, recurso de revisión en trámite por reparaciones.

7 Amparo indirecto 885/2015 Juzgado Tercero de Distrito
8 Amparo indirecto 823/2015 Juzgado Segundo de Distrito
9 Amparo indirecto 823/2015 Juzgado Octavo de Distrito
10 Amparo indirecto 794/2015 Juzgado Segundo de Distrito
11 Amparo indirecto 924/2015 Juzgado Segundo de Distrito
12 Amparo indirecto 922/2015 Juzgado Tercero de Distrito
13 Amparo indirecto 939/2015 Juzgado Segundo de Distrito
14 Amparo indirecto 921/2015 Juzgado Décimo de Distrito
15 Amparo indirecto 920/2015 Juzgado Octavo de Distrito
16 Amparo indirecto 2114/2014 Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales. Querétaro

Tribunal Colegiado confirmó la sentencia que ampara a la parte quejosa.

Amparo en revisión 202/2015 Primer Tribunal Colegiado
17 Amparo indirecto 821/2014 Juzgado Quinto de Distrito en Materias Civil y del Trabajo. Nuevo León

Sentencia que ampara, en trámite en la Primera Sala bajo el número de amparo en revisión 1266/2015 bajo la ponencia del Ministro Cossío.

Amparo en revisión 453/2014 Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil.
18 Amparo indirecto 987/2014 Juzgado Segundo de Distrito Yucatán

En trámite el recurso de revisión.

Amparo en revisión 52/2015 Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativo
19 Amparo indirecto 1380/2014 Juzgado Tercero de Distrito Oaxaca

Sentencia que ampara al quejoso.

20 Amparo indirecto 1381/2014 Juzgado Tercero de Distrito Oaxaca

Sentencia que ampara y el Tribunal Colegiado confirma la sentencia.

Amparo en revisión 65/2015 Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa.
21 Amparo indirecto 694/2014 Juzgado Primero de Distrito Baja California Sur

En trámite como reasunción de competencia 102/2015 bajo la ponencia del Ministro Cossío.

Amparo en revisión 464/2014 Tribunal Colegiado (Único)
22 Amparo indirecto 1667/2014 Juzgado Decimoprimero de Distrito Puebla

En trámite en la Primera Sala al haberse votado favorablemente la reasunción de competencia 36/2015.

 

Amparo en revisión 70/2015 Tercer Tribunal Colegiado
23 Amparo indirecto 1428/2014 Juzgado Segundo de Distrito Chiapas

En trámite como reasunción de competencia 123/2015 bajo la ponencia del Ministro Zaldivar.

Amparo en revisión 138/2015 Cuarto Tribunal Colegiado
24 Amparo indirecto 307/2013 Juzgado Segundo de Distrito Sinaloa

Resuelto en la Primera Sala a favor de la parte quejosa bajo el amparo en revisión 263/2014.

 

Amparo en revisión 281/2013 Segundo Tribunal Colegiado
25 Amparo en indirecto 918/2014 Juzgado Noveno de Distrito Sinaloa

Sentencia que ampara, en trámite recurso de revisión.

 

26 Amparo en indirecto 895/2014 Juzgado Sexto de Distrito Sinaloa

Sentencia que ampara, en trámite recurso de revisión.

27 Amparo en revisión 419/2015 Tribunal Colegiado en Materia Civil
28 Amparo en indirecto 262/2013 Juzgado Séptimo de Distrito Sinaloa

Sentencia de amparo confirmada por el Tribunal Colegiado a favor de la parte quejosa.

 

Amparo en revisión 93/2014 Tribunal Colegiado en Materia Civil
29 Amparo indirecto 275/2013 Juzgado Noveno de Distrito Sinaloa

Resuelto en la Primera Sala a favor de la parte quejosa bajo el amparo en revisión 483/2014.

Amparo en revisión 381/2013 Primer Tribunal Colegiado
30 Amparo indirecto 835/2014 Juzgado de Distrito Baja California

Sentencia que ampara, recurso de revisión en trámite.

31 Amparo indirecto 834/2014 Juzgado Primero de Distrito Baja California

Sentencia que ampara, recurso de revisión en trámite.

Amparo en revisión 583/2015 Segundo Tribunal Colegiado
32 Amparo indirecto 823/2014 Juzgado Tercero de Distrito Baja California

Sentencia que ampara, el recurso de revisión fue desechado.

Amparo en revisión 366/2015 Tercer Tribunal Colegiado
33 Amparo indirecto 822/2014 Juzgado Tercero de Distrito Baja California

Sentencia que ampara, el Tribunal Colegiado confirmó la sentencia.

Amparo en revisión 415/2015 Cuarto Tribunal Colegiado
34 Amparo indirecto 832/2014 Juzgado de Distrito Baja California

Sentencia que ampara, el recurso de revisión fue desechado.

Amparo en revisión 408/2015 Tribunal Colegiado
35 Amparo indirecto 834/2014 Juzgado Cuarto de Distrito Baja California

Sentencia que ampara, el recurso de revisión fue desechado.

Amparo en revisión 291/2015 Tercer Tribunal Colegiado
36 Amparo indirecto 833/2014 Juzgado Cuarto de Distrito Baja California

Sentencia que ampara.

37 Amparo indirecto 825/2014 Juzgado Sexto de Distrito Baja California

Sentencia que ampara, el recurso de revisión fue desechado.

Amparo en revisión 281/2015 Segundo Tribunal Colegiado
38 Amparo indirecto 566/2015 Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales. Baja California

Sentencia que ampara, recurso de revisión en trámite.

39 Amparo en indirecto 692/2015 Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales. Baja California

En trámite

40 Amparo en indirecto 443/2015 Juzgado Noveno de Distrito

Organizaciones que colaboran en la tramitación de estos juicios:

Matrimonio Igualitario Hidalgo, Matrimonio Igualitario Tamaulipas, Mov ID A.C. (Chihuahua), Cheros A.C. (Chihuahua), Porter Abogados (Querétaro), Gess A.C. (Nuevo León), UNASSE A.C. (Yucatán), Matrimonio Igualitario Oaxaca, Odesyr A.C. (Puebla), Red Ciudadana por la Inclusión en Chiapas, FEMU Sinaloa A.C., COCUT A.C. (Baja California).

Abogados independientes que colaboran con Matrimonio Igualitario México:

Lic. José Luis Marquez Saavedra, Lic. Nolzuly Almodovar Gracia.

Además, Matrimonio Igualitario México cuenta con el apoyo de personas de la sociedad civil que han apoyado la causa, la enumeración de sus nombres llenaría páginas enteras. A todas ellas, nuestros agradecimientos por compartir con nosotrxs la trinchera ciudadana.

[1] SCJN, Primera Sala, Amparo en revisión 152/2013, Ministro Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Secretaria: Karla I. Quintana Osuna, resuelto por mayoría de 4 votos en sesión pública de 23 de abril de 2014, párrafo 82. Versión Pública disponible en: http://www2.scjn.gob.mx/juridica/engroses/cerrados/Publico/13001520.002-2215.doc
[2] Ibid., párrafo 125.

Yudit del Rincón, crónica de una homofobia anunciada.

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Este fin de semana gracias a la invitación del Instituto Sinaloense de las Mujeres tuve la oportunidad de participar en un diplomado sobre diversidad sexual. Aprovechando mi estancia fui invitado a una reunión con diversos diputadas y diputados del Congreso del Estado de Sinaloa para exponer los avances a nivel nacional en torno al matrimonio igualitario en el marco de las diversas iniciativas que sobre este tema están pendientes de dictamen.

En el encuentro estuvo presente la diputada Yudit del Rincón Castro, presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, que sentada a mi lado derecho trató de fingir interés en la exposición.

El evento duró cerca de una hora y se llevó a cabo en un ambiente de cordialidad como supongo deben ser este tipo de encuentros en donde al invitado se le escucha aunque el tema que se exponga les resulte por demás intrascendente.

Al final del encuentro hubo un espacio para dudas y comentarios, la mayoría de los diputados y diputadas se mostraron de acuerdo con la necesidad de hacer una reforma; si en esa reunión se hubiera votado alguna propuesta no me quedaba duda de que se hubiera aprobado favorablemente. Habrá que esperar para ver si ese discurso se materializa en la reforma que se requiere.

Yudit del Rincón guardó especial silencio al momento de los comentarios, quizá su extracción panista la obligó a ser políticamente correcta para, al menos, no pronunciarse en contra, lo cual a esas alturas ya era bastante.

En principio quedé satisfecho de haber podido llevar el mensaje a quienes tiene la tarea de hacer la reforma que se requieren para que las parejas del mismo sexo se puedan casar sin la necesidad de un amparo. Quienes me conocen saben que no tengo especial afecto a estas reuniones o espacios y por lo tanto, cuando se dan, llego sin mayores expectativas pues si hubiera la voluntad política de avanzar los cambios se hubieran hecho desde hace mucho.

Para mi sorpresa, ayer se publicó una nota en la que señala que Yudit del Rincón, al terminar la reunión, ya en privado, declaró que el matrimonio igualitario es “un tema de minorías, por lo que las mayorías no están obligadas a asumir situaciones sólo porque lo pidan”. Además agregó:

“nosotros nos negamos a reconocerlo como matrimonio porque le estás abriendo el paso a la adopción y no estamos de acuerdo porque, digan lo que digan, las parejas homosexuales forman y crían a sus hijos como homosexuales.”

Mi primera reacción al leer esas líneas fue de molestia, no entendía cómo la Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia podía hacer alarde de su ignorancia con semejante declaración, sobre todo justo después de haber escuchado el cúmulo de argumentos que la Corte ha desarrollado para demostrar que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo resulta discriminatorio.

Me sorprendió también que habiendo una buena posibilidad de haber entablado un diálogo durante la reunión, prefirió guardar silencio para salir a vomitar su homofobia donde ya no había ninguna posibilidad de cuestionarla o evidenciar su ignorancia.

Después comprendí que esta acción no fue más que un acto de cobardía que define muy bien la postura de la oposición en este tema: cerrar toda posibilidad de comunicación para sustentar su argumento en discursos baratos que no soportan el menor rigor de análisis.

Con calma pude darme cuenta que el tono de sus declaraciones únicamente dejan claras dos cosas: primera, su miedo a debatir sobre un tema en el que sabe que tiene la batalla perdida; segunda, que siendo Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, ignora cómo debe funcionar la democracia. Así, la diputada presidenta no sabe que ser congresista no le da licencia para violar derechos humanos.

Lo lamento mucho por los y las habitantes de Sinaloa que tienen como Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia a alguien que curiosamente no sabe nada de género ni de discriminación ni mucho menos de familia, a alguien que presume su lucha a favor de las mujeres pero al mismo tiempo sostiene sin el mayor pudor un discurso homofóbico. El chiste se cuenta solo.

Este tipo de declaraciones también permiten hacer una evaluación de lo pobre de la democracia que se vive en Sinaloa, ni el Congreso ni el Gobernador tienen el menor interés de adecuar sus leyes a los estándares de derechos humanos, una actitud peligrosa que debilita aún más las ya de por sí debilitadas instituciones. Dos sentencias de la Suprema Corte no han bastado para mover un solo dedo a favor de los derechos humanos.

¿Por qué la ciudadanía tendría algún interés por participar en un proceso electoral?, si por donde se le mire el Congreso va a terminar haciendo lo que quiere con base en sus prejuicios y no en los que dictan la Constitución y los tratados internacionales.

El juicio de amparo debe ser un mecanismo que por excepción repare las violaciones a derechos humanos, pero con actitudes tan antidemocráticas como la de Yudit del Rincón la excepción se vuelve regla y la ciudadanía hace del amparo su principal herramienta para hacer frente a la amenaza en la que se convierte el Congreso.

Es una lástima ver estas declaraciones pero uno termina por entender que al final la única opción que les queda a los prejuicios acorralados es salir a decir la primera estupidez que se les venga a la mente con tal de tener algo que decir para tratar de justificar su machismo, su homofobia, su prejuicios. Afortunadamente esas voces cada vez son las menos y aún en el Congreso hay quienes se encargan de encarar las deficiencias de la legislatura.

Mi frustración primaria se disipó ante la extraordinaria experiencia al trabajar el tema durante el diplomado; en este espacio tuvimos la oportunidad de reflexionar y descubrir que en estos tiempos y con personas como Yudit del Rincón en el Congreso, la democracia ha dejado de estar en los curules, a través del juicio de amparo la hemos hecho volver a donde pertenece: a la ciudadanía misma.

Con Yudit del Rincón a la cabeza de la Comisión de Equidad, Género y Familia nada bueno se puede esperar del Congreso; afortunadamente, y como lo referimos en el diplomado, llegaremos al objetivo a pesar de sus berrinches.

A través de estas líneas la reto a debatir públicamente sobre el tema… si alguien que esté leyendo esto la conoce, que le avise a ver si tiene la valentía de defender en público sus declaraciones.

La jurisprudencia de la Corte… ¿ya me puedo casar?

La noticia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una jurisprudencia temática en torno al matrimonio igualitario se ha convertido en noticia nacional, siendo un tema tan técnico jurídicamente ha despertado dudas y confusiones… considero importante hacer algunas precisiones que pueden ser de utilidad.

Recordemos, la jurisprudencia 43/2015 (10a) señala:

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

  1. ¿Qué es una jurisprudencia?

De manera muy general y sin aplicar rigurosamente la terminología jurídica puede decirse que la jurisprudencia es un criterio obligatorio que emiten los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, deriva de la acumulación de diversos precedentes en los que se ha sostenido reiteradamente una misma interpretación respecto de algún tema puesto a consideración de dichos órganos.

Hay diversas formas de integrar jurisprudencia pero para efectos de estas líneas es suficiente quedarnos con la idea de la jurisprudencia como “criterio obligatorio” de interpretación.

  1. ¿Por qué se emitió esta jurisprudencia sobre matrimonio igualitario?

La acumulación de precedentes (casos resueltos) es uno de los mecanismos para que el Poder Judicial de la Federación (principalmente la Suprema Corte) llegue a integrar criterios obligatorios.

En este sentido, esta jurisprudencia surge porque han sido por lo menos 5 casos en los que la Primera Sala de la SCJN ha reiterado su criterio de considerar inconstitucional dos elementos normativos presentes en la mayoría de las leyes que definen al matrimonio: 1) La finalidad reproductiva, y 2) La consideración de que sólo puede celebrarse entre un hombre y una mujer.

Es importante enfatizar que para la integración de la jurisprudencia se requiere la acumulación de los precedentes, ello significa que son varios los casos que la SCJN ha resuelto en torno al matrimonio igualitario en México; a su vez esto implica que esto no hubiera sido posible sin el impulso que desde los Estados se ha dado a la tramitación de amparos en contra de leyes que excluyen del acceso al matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo.

Así, para la creación de esta jurisprudencia se necesitó por un lado un constante ejercicio democrático de la sociedad civil a través de la exigencia de sus derechos humanos en los tribunales, y por el otro la reiteración del criterio por parte de la Corte. Asimismo fue crucial que la SCJN tuviera una visión integral de la problemática nacional en torno al matrimonio igualitario.

La Corte pudo haber esperado la acumulación de criterios en cada estado de la república pero en una decisión visionaria de su papel como Tribunal Constitucional optó por emitir un criterio general que pudiera aplicarse al estudio de cualquier Código Civil o Familiar en el país, por ello la jurisprudencia sobre matrimonio igualitario no se refiere a un artículo específico de una entidad en concreto, de esta forma se integró lo que se denomina jurisprudencia temática (aquella que se emite en torno a un tema en específico y no precisamente respecto de una misma norma).

  1. ¿A quién obliga esta jurisprudencia?

En estricto sentido la jurisprudencia vincula a quienes imparten justicia y los obliga en términos de la Constitución Federal y la ley de amparo a aplicar el criterio que se ha emitido.

En términos prácticos y sin perjuicio que la jurisprudencia se pueda utilizar para resolver otro tipo de casos, ésta resultará especialmente útil cuando una pareja de personas del mismo sexo tramite un juicio de amparo contra el Registro Civil de alguna entidad federativa que le haya negado su solicitud de matrimonio.

De esta forma el Juez que conozca del amparo está obligado a resolver conforme a esta directriz establecida por la Corte, además de que la duración del juicio se reduce considerablemente al existir una jurisprudencia que determina la inconstitucionalidad de este tipo de normas.

Desafortunadamente no puede decirse que esta jurisprudencia obligue a los registros civiles a casar a tosas las parejas de personas del mismo sexo que se lo soliciten; como se ha dicho, el criterio obliga a impartidores de justicia a nivel federal o local.

  1. ¿Con esta jurisprudencia ya me puedo casar en mi Estado sin necesidad de un amparo?

La respuesta más general a esta pregunta es “No” ya que la jurisprudencia emitida por la Corte no “invalida” las leyes locales, únicamente establece los parámetros obligatorios a partir de los cuáles se deberán estudiar los juicios que se inicien contra esas normas que discriminan del acceso al matrimonio a las parejas de personas del mismo sexo.

Esto quiere decir que el Registro Civil puede continuar negando las solicitudes de matrimonio a parejas de personas del mismo sexo, ello porque la jurisprudencia no elimina en automático las leyes de los Códigos Civiles o Familiares que definen al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer asignándole además una finalidad reproductiva.

Por otro lado, aunque el hecho de seguir negando las solicitudes de matrimonio no implica para los registros civiles una responsabilidad legal, esta problemática no puede analizarse de forma aislada pues si bien hay una norma que deben aplicar también (la que define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer) existe un marco constitucional al que están sujetos y por ello al continuar negando las solicitudes persiste la responsabilidad del Estado por violación a derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y tratados internacionales.

Así al continuar existiendo un incumplimiento del marco de derechos humanos el estado incurre en responsabilidad y, en términos de la Constitución Federal y la Convención Americana de Derechos Humanos, se encuentra obligado a reparar integralmente el daño causado.

  1. ¿Qué diferencia hace esta jurisprudencia con lo que había venido haciendo la Corte?

La emisión de esta jurisprudencia es trascendental para el avance del reconocimiento del matrimonio igualitario en México porque marca la pauta obligatoria para estudiar las leyes que definen a matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer asignándole además una finalidad reproductiva.

Si bien la Corte había estado resolviendo casos de parejas de diversas entidades, no se habían acumulado los precedentes necesarios para hacer de esos criterios un parámetro obligatorio; hasta ahora las decisiones de la Corte se habían replicado en otros Estados como consecuencia de una percepción de legitimidad de esas decisiones por parte de los Jueces y Tribunales Colegiados ya que en estricto sentido si no existe una jurisprudencia el impartidor o impartidora de de justicia no está obligado jurídicamente a aplicar cierto criterio.

Así la integración de la jurisprudencia hace esa diferencia volviendo de observancia jurídica obligatoria ese criterio que antes se aplicaba por una mera percepción de legitimidad de las decisiones de la Corte.

Por otro lado y como ya se apuntó, la existencia de la jurisprudencia hace que los amparos se resuelvan mucho más rápido pues la propia Ley de Amparo señala plazos más cortos para el desarrollo de juicio.

Finalmente y quizá la mayor aportación de este criterio es que la jurisprudencia obligatoria emitida por la SCJN puede considerarse una extensión misma de la Constitución Federal ya que de ella emanan estos criterios de interpretación, de esta forma el matrimonio igualitario ha sido integrado expresamente al marco jurídico de nuestro país.

  1. ¿Por qué en Chihuahua las parejas ya se podrán casar sin necesidad de un amparo si el Código Civil aún no se ha modificado?

La respuesta a esta pregunta resulta sumamente interesante ya que en efecto el Código Civil del Estado de Chihuahua no se ha reformado, es decir, el artículo que define al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer sigue vigente.

No obstante que esta norma mantiene su vigencia, la sociedad civil en el Estado y especialmente grupos como MovID, Cheros y DHIA han mantenido una campaña constante de tramitación de juicios de amparo para que las parejas de personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio. Esto ha significado que al día de hoy en esa entidad se hayan emitido más de 30 sentencias en este tema.

En esta estrategia recientemente integramos la exigencia para que el Estado de Chihuahua de que además de la realización del matrimonio de estas parejas se deberían realizar, como medidas de reparación integral, otras acciones tendientes a erradicar las consecuencias negativas de la discriminación impulsada desde las instituciones estatales.

Parte de las peticiones que se han agregado a los juicios de amparo tienen que ver con el ofrecimiento de una disculpa pública por parte de las autoridades involucradas (Congreso, Gobernador y del Registro Civil), cursos de capacitación en temas de derechos de las personas LGBTIQ, la publicación de la sentencia en el Periódico Oficial del Estado y una indemnización para las parejas como sanción al Estado por haber incumplido su deber de respetar los derechos humanos.

Uno de estos juicios iniciados contra el Estado de Chihuahua fue recientemente admitido en la Suprema Corte por lo que en algunas semanas podría estarse resolviendo.

Este reclamo para que el Estado de Chihuahua sea sancionado económicamente por su responsabilidad en las violaciones a derechos humanos contra las parejas de personas del mismo sexo a quienes se les niega el matrimonio es lo que ha alertado a las autoridades y las ha impulsado a ordenar que se ponga fin a esta práctica de discriminación.

De esta manera, aunque por motivos de índole económica, el Gobernador del Estado de Chihuahua ha decidido invocar la obligación constitucional e internacional en materia de derechos humanos para sostener que aunque la ley no se haya modificado a efecto de evitar mayores sanciones por actos de discriminación, las parejas de personas del mismo sexo ya no tendrán más obstáculos para acceder al matrimonio.

Esta decisión puede y debe ser objeto de un análisis mucho más exhaustivo, por el momento es suficiente decir que lo que acontece en Chihuahua deriva de una decisión del titular del Poder Ejecutivo, por lo que desde la ciudadanía continuaremos la estrategia jurídica hasta lograr la reforma pues si bien es de celebrarse la decisión del Gobernador, mientras no haya la reforma al Código Civil el matrimonio entre parejas de personas del mismo sexo se continuará viendo como una concesión y no como el ejercicio de un derecho.

  1. ¿Qué pasa en el resto de las entidades?

En el resto de las entidades donde no haya reforma aún y no haya instrucciones similares a las que emitió el gobernador del Estado de Chihuahua se deberá continuar tramitando los juicios de amparo.

Ahora bien, dado que es muy reciente la emisión de la jurisprudencia de la Corte habrá que esperar a ver cuál es la reacción de las autoridades en cada entidad al momento de resolver nuevas solicitudes de matrimonio.

  1. ¿Qué sigue, con la jurisprudencia de la SCJN se terminó con el problema?

Como se ha dicho, la discriminación continuará mientras no se cambie en todo el país el marco normativo en torno al matrimonio para así eliminar los obstáculos que impiden que las parejas de personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio.

Las consecuencias prácticas de la jurisprudencia de la Corte ya se han explicado por lo que únicamente basta mencionar que el siguiente paso para obtener las reformas será continuar con la tramitación de los juicios de amparo en cada entidad a efecto de acumular los precedentes necesarios para integrar jurisprudencias específicas sobre cada uno de los artículos que definen al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

De esta manera se podrá iniciar un proceso contra el Congreso de cada entidad federativa que se niegue a realizar las modificaciones a sus código civil o familiar. Esto se podrá alcanzar más rápidamente porque los juicios que antes podrían tardar hasta un año ahora deberían estarse resolviendo en casi la mitad el tiempo.

Así la jurisprudencia de la Corte no termina con el problema pero es un paso fundamental que potenciará para que de una forma u otra las entidades cumplan con su obligación de respetar los derechos de las personas sin que la orientación sexual sea motivo de discriminación.

La batalla no acaba aún pero sin duda cada vez con más los muros que derribamos en búsqueda de un México mucho más igualitario…

Chihuahua abre la puerta al matrimonio igualitario… falta la reforma.

México Igualitario

Siempre he pensado que la democracia es más que votos y más que legislaturas que formalmente se dicen dueñas de la voluntad popular.

Ganamos los primeros casos de matrimonio igualitario en diciembre de 2012; en ese momento la Primera Sala de la Suprema Corte ordenó al Registro Civil del Estado de Oaxaca celebrar el matrimonio de tres parejas a quienes les había negado su solicitud por tratarse de personas del mismo sexo.

A partir de ese momento, y sin haberlo planeado, comenzamos la organización a nivel nacional en un movimiento que ahora trasciende las fronteras de cualquier entidad federativa, nos hemos unido en una sola fuerza con una sola voz.

En Chihuahua iniciamos la campaña en el 30 de abril de 2013 de la mano de MovID y Cheros, fue en esa fecha cuando presentamos el primer amparo por una pareja de chicos a quienes el Registro Civil les hbaía…

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Chihuahua abre la puerta al matrimonio igualitario… falta la reforma.

Siempre he pensado que la democracia es más que votos y más que legislaturas que formalmente se dicen dueñas de la voluntad popular.

Ganamos los primeros casos de matrimonio igualitario en diciembre de 2012; en ese momento la Primera Sala de la Suprema Corte ordenó al Registro Civil del Estado de Oaxaca celebrar el matrimonio de tres parejas a quienes les había negado su solicitud por tratarse de personas del mismo sexo.

A partir de ese momento, y sin haberlo planeado, comenzamos la organización a nivel nacional en un movimiento que ahora trasciende las fronteras de cualquier entidad federativa, nos hemos unido en una sola fuerza con una sola voz.

En Chihuahua iniciamos la campaña en el 30 de abril de 2013 de la mano de MovID y Cheros, fue en esa fecha cuando presentamos el primer amparo por una pareja de chicos a quienes el Registro Civil les hbaía negado su matrimonio. Sabíamos que la lucha debía ser larga pero debíamos romper el silencio y posicionarnos frente a frente con un Estado que históricamente nos ha discriminado.

Como era de esperarse ese primer amparo se ganó, después se han tramitado muchos más. Actualmente más de 30 parejas han demandado al Estado de Chihuahua por la misma razón y han ganado. Además de ello se presentado amparos colectivos donde homosexuales y lesbianas reclaman la discriminación a la que les expone el Código Civil al limitar su derecho a contraer matrimonio.

Varios de estos juicios están en trámite, uno de los más importantes es el que actualmente se tramita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación: una pareja de mujeres solicitó su matrimonio, como era costumbre la petición fue rechazada por el Registro Civil de Chihuahua por tratarse de una pareja de personas del mismo sexo. Seguimos la misma estrategia que se había venido utilizando pero esta vez no sólo se solicitó al Juez Federal que se ordenara a dar trámite a la solicitud, sino que además se pidió que ordenara al Estado de Chihuahua realizar otras medidas tendientes a reparar integralmente el daño causado por la discriminación a la que había sido expuesta la pareja.

Como medidas adicionales se había solicitado al Juez que ordenara al Congreso, al Gobernador y al Registro Civil ofrecer una disculpa pública a la pareja, que se publicara la sentencia en el Periódico Oficial del Estado; pensando en el golpe a las finanzas del Estado podrían ser un incentivo para poner freno a la discriminación que históricamente se ha dirigido hacia la población LGBTI se solicitó que se indemnizara a la pareja como sanción económica al Gobierno por haber violado derechos humanos.

El amparo para esta pareja se ganó una vez más pero el Juez omitió pronunciarse por las medidas de reparación integral que se habían solicitado más allá de ordenar la celebración del matrimonio. La pareja sabía que con esa sentencia podía acceder inmediatamente al matrimonio pero conscientes de que el problema de discriminación no se agotaba ahí decidieron interponer un recurso de revisión en contra de la decisión del Juez Federal que no se había pronunciado integramente por la reparación.

Este recurso es el que actualmente se encuentra en trámite ante la Suprema Corte (amparo en revisión 706/2015) quien analizará si de acuerdo a la jurisprudencia emitida desde el sistema interamericano es procedente ordenar al Estado de Chihuahua la realización de medidas que tiendan a reparar integralmente a la pareja que ha sido discriminada. De esta sentencia derivaría la orden de realizar un acto de disculpa pública así como de tomar otras estrategias para evitar que la discriminación continúe; se espera que además se ordene otorgar una indemnización a la pareja.

El día de hoy la revista Proceso ha publicado una nota en donde el Secretario General de Gobierno anuncia que el Registro Civil del Estado de Chihuahua dejará de negar las solicitudes de matrimonio (aquí la nota)  a las parejas del mismo sexo que acudan a solicitarlas, ello para evitar que el Gobierno deba indemnizar a cada pareja a quien se le niegue el matrimonio.

Sin duda, esto es resultado del impulso que las organizaciones locales han dado al tema es inmenso, un trabajo titánico si se toma en cuenta que el enemigo a vencer es el propio Estado y sus instituciones que se aferran a seguir una práctica sistemática de discriminación contra la población LGBTI; sin embargo, con la tramitación de tantos amparos en los que reiteradamente el Poder Judicial Federal ha declarado la inconstitucionalidad del Código Civil del Estado de Chihuahua hemos podido dejar en evidencia el deficiente sistema democrático imperante en Chihuahua en donde el Congreso no ha hecho el mínimo esfuerzo por modificar la norma que abiertamente vulnera la Constitución Federal y la normativa internacional en materia de detechos humanos.

Así, después de todo parece que el argumento económico pudo más que al argumento democrático de la obligación del Estado de no vulnerar derechos humanos… este es un gran paso considerando que sólo dos años atrás la exigencia de acceso al matrimonio en condiciones de igualdad era una demanda casi inaudible…

Saludamos la decisión del Gobierno de Chihuahua porque irremediablemente significa un avance histórico en el ejercicio efectivo de los derechos humanos para la población LGBTI, pero quienes acompañamos esta lucha por la igualdad tenemos muy claro que el reto continúa hasta no lograr la reforma legislativa que se requiere; con la medida anunciada por el Secretario de Gobierno el Registro Civil cumple su obligación pero otras autoridades siguen en deuda…

Matrimonio Igualitario en México… una etapa que concluye.

Jurisprudencia obligatoria sobre Matrimonio igualitario

México Igualitario

Parece que apenas fue ayer cuando conocí a Emanuel y Alejandro, recuerdo que en ese entonces, en 2011, ni siquiera me había titulado. Quizá muy pocas personas saben que el litigio por el matrimonio igualitario en Oaxaca, que se ha convertido en una lucha jurídica de escala nacional, fue algo que no planeamos con los alcances que ha tomado. En aquél momento éramos sólo un activista aprendiz de abogado y la pareja de chicos que querían casarse en su propio Estado.

Con el paso del tiempo varias personas se sumaron al proyecto, la invaluable colaboración de mi amigo Jesús Yoshio Morales Ramírez fue determinante para que los procesos siguieran aún estando yo fuera del Estado, sólo él sabe las veces que le pedí su ayuda. Otras parejas también se sumaron y el litigio que inocentemente proyecté para seis meses nos llevó a un juicio de más de dos años que…

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Matrimonio Igualitario en México… una etapa que concluye.

Parece que apenas fue ayer cuando conocí a Emanuel y Alejandro, recuerdo que en ese entonces, en 2011, ni siquiera me había titulado. Quizá muy pocas personas saben que el litigio por el matrimonio igualitario en Oaxaca, que se ha convertido en una lucha jurídica de escala nacional, fue algo que no planeamos con los alcances que ha tomado. En aquél momento éramos sólo un activista aprendiz de abogado y la pareja de chicos que querían casarse en su propio Estado.

Con el paso del tiempo varias personas se sumaron al proyecto, la invaluable colaboración de mi amigo Jesús Yoshio Morales Ramírez fue determinante para que los procesos siguieran aún estando yo fuera del Estado, sólo él sabe las veces que le pedí su ayuda. Otras parejas también se sumaron y el litigio que inocentemente proyecté para seis meses nos llevó a un juicio de más de dos años que culminó en la Suprema Corte.

Recuerdo también mi primer entrevista con Sergio Méndez Silva así como aquél desayuno en el que conocí a Geraldina González de la Vega, dos grandes profesionales del derecho a quien me honra de tener ahora como amistades. Justo es dejar constancia de que sin su ayuda es muy probable que esta historia hubiera tomado un rumbo no tan afortunado. Recuerdo nuestras reiteradas conversaciones, esos intercambios de dudas, inquietudes, predicciones y… por qué no decirlo, de preocupaciones.

Así es como esta pequeña historia ha llegado a convertirse en una gran batalla cuya primer victoria llegó el 5 de diciembre de 2012 cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de votos otorgar el amparo a las tres parejas a quienes el Registro Civil del Estado de Oaxaca les había rechazado su solicitud por tratarse de personas del mismo sexo.

Con esto la Corte decidió por primera vez en su historia que resulta discriminatorio excluir a las parejas de personas del mismo sexo del acceso al matrimonio; fue un paso más después del planteamiento resuelto en 2010 a cerca de la facultad que tiene un poder legislativo local para modificar la definición de matrimonio. Esta vez, como lo diría Ana Laura Magaloni, ya no se trataba de un pleito entre poderes, sino de ciudadanos y ciudadanas cuestionando al Estado sobre la legitimidad de normas que les restringen derechos.

Las reacciones a estas sentencias fueron diversas, los grupos de siempre las criticaron con los argumentos de siempre, otra parte de la población las celebró como lo que eran: un gran avance. Pero lo que debe resaltarse es que, tal como pasó en Oaxaca, han sido las mismas autoridades en las entidades federativas (Congresos, Gobernadores y Registros Civiles) las que en los juicios de amparo se han opuesto al avance de este derecho. De los juicios tramitados en casi todas las entidades de la República no ha habido una sola autoridad que acepte que sus normas son discriminatorias al definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Recuerdo mi fascinación al leer las sentencias; sentí, sobre todo con la del Ministro Zaldivar, que había reivindicado un poco de mi mismo y un poco de la historia de quienes en este país y en el mundo han luchado por devolvernos un poco de la justicia que nos han robado. Una parte del sueño que perseguía desde niño se había cumplido.

Debo confesar que no imaginé que aquellas decisiones de la Corte me llevarían a conocer a tantas personas a lo largo del país a quienes les interesaba iniciar esta lucha también en sus Estados, yo había pensado entregar las sentencias a las parejas de Oaxaca y buscar algo más a qué dedicarme, creía que con ello mi compromiso se había cumplido. Hoy sé que después de esos tres juicio han venido mucho más, tantos que me ha resultado imposible llevar la cuenta, apenas la semana pasada presentamos una demanda más en el Estado de Hidalgo.

A pesar de esta oposición oficial unánime todos los juicios que otras parejas han tramitado se han resuelto favorablemente, el criterio de la Primera Sala se ha replicado una y otra vez en los reclamos que se hacen desde los Estados, algunas de esas demandas incluso llegaron también a la Corte quien aprovechó para reiterar sus decisiones.

Muchas otras cosas han pasado en este tema desde aquél diciembre de 2012, un proyecto nacional ha nacido y se ha fortalecido de la mano de otras personas y organizaciones: hemos iniciado otras estrategias, incluido otros argumentos, han surgido nuevos retos e inlcuso hay juicios pendientes de resolverse pero hoy hemos llegado a un punto de inflexión histórico: la Suprema Corte ha integrado jurisprudencia obligatoria sobre el matrimonio igualitario.

¿Cuáles son las implicaciones de esto?

Las decisiones que desde el Poder Judicial se habían venido tomando en este tema no se habían convertido en criterios obligatorios en términos de la Constitución y la Ley de Amparo, tenían el estatus de tesis aisladas (no vinculantes); eso ha cambiado, este 3 de junio de 2015 finalmente se acumularon los precedentes necesarios para integrar jurisprudencia.

Esto significa que en términos del artículo 94 de la Constitución Federal y 217 de la Ley de Amparo, se ha convertido en obligatorio el criterio que sostiene que resulta discriminatorio excluir a las parejas de personas del mismo sexo del acceso al matrimonio.

El cambio es relevante porque la jurisprudencia obligatoria, al ser resultado de la interpretación de la propia Constitución, se considera como parte de ella y en ese sentido se puede decir que hoy por hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto sin perjuicio de un análisis más amplio que puede hacerse a la luz de los tratados internacionales.

En el aspecto práctico esto significa que la tramitación de los amparos en curso y los sucesivos tomaran menos tiempo debido a que a partir de ahora existe ya un criterio obligatorio para los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados en todo el país.

Con esto una etapa del litigio en la Corte se ha cerrado, al crear jurisprudencia el tema deja de requerir la intervención del Alto Tribunal, el criterio obligatorio se ha fijado por lo que únicamente queda a los Tribunales inferiores la tarea de aplicarlo. Por lo que respecta la estrategia nacional nos queda el reto de continuar el litigio para lograr la modificación de los Códigos Civiles y lograr una reparación integral por esta violación de derechos humanos.

Quisiera concluir enfatizando en lo curioso que resulta el hecho de que mientras esto pasa en la Suprema Corte los discursos políticos siguen oponiéndose abiertamente o argumentando que no es tema que se encuentre incluida en sus agendas legislativas, incluso hay candidatos y candidatas que han firmado acuerdos que buscan reafirmar su postura contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lastimosamente en este país la política y los derechos humanos caminan por senderos distintos cuando no contradictorios…

Les dejó aquí la jurisprudencia 43/2015 (10a.) cuya aplicación, com se ha dicho, resulta obligatoria a partir de ahora para todos los operadores jurídicos del país:

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.