Laicidad y libertad de expresión. Límites de las asociaciones religiosas y ministros de culto.

El pasado 17 de mayo el Presidente de la República envío al Congreso Federal un paquete de iniciativas para reformar la Constitución Federal, una de las propuestas es la relativa al matrimonio igualitario.

Desde entonces muchas personas hemos sido testigos de la campaña que desde organizaciones religiosas y asociaciones civiles afines a sus credos se ha emprendido para que el Congreso Federal rechace las modificaciones propuestas por el Presidente.

Sólo por poner un ejemplo, el 29 de mayo de 2016 el Semanario Desde la Fe, editado por la Arquidiócesis Primada de México A.R. publicó el texto “3 cosas que te urge SABER sobre la peligrosa iniciativa del Presidente”, en él se expone:

Hace años, ser una persona con preferencias homosexuales era considerada una patología psicológica.

Hoy en día, hay marchas del ‘orgullo gay’ ¿Cómo se pasó de uno al otro extremo? Debido a un plan cuidadosamente estudiado, elaborado y financiado por lobbies internacionales que pretenden destruir la familia porque la ven como una institución arcaica y represora. Así fue como lograron que la OMS quitara la homosexualidad de la lista de padecimientos psiquiátricos. Luego promovieron la idea de que ser alguien con atracción por el mismo sexo era algo muy normal: en televisión y cine aparecieron personajes ‘gays’ que despertaban simpatía, y poco a poco la gente se fue acostumbrando a verlos con normalidad, y a tildar de homofóbico a quien no los aceptara.

Pero la realidad es que, por más propaganda que reciba, la homosexualidad no corresponde a una vivencia de la sexualidad ni madura ni equilibrada, y provoca, en quienes la padecen, daños físicos, psicológicos, morales y espirituales (ver los documentados artículos que sobre este tema publicó Desde la fe, del 12 de julio al 9 de agosto de 2015 en http://bit.ly/27SmLJd). Por ello la iniciativa gay que ha propuesto el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, y que apoya su partido el PRI, es sumamente preocupante y un peligro para la Familia y el país. Entérate de lo que realmente se pretende con ella…[1]

En el mismo texto se exhorta a la comunidad católica a manifestarse en contra de la iniciativa que busca reconocer explícitamente el derecho a contraer matrimonio:

3 cosas que te urge HACER ante la peligrosa iniciativa de Peña Nieto

  1. Manifestación

Expresa tu oposición. Organízate con personas de tu iglesia para acudir a las marchas o manifestaciones de protesta contra esta iniciativa absurda

Comparte en redes sociales los mensajes y videos que están circulando, en los que se denuncia la perversa ideología de género que hay detrás de esa iniciativa, y las graves consecuencias que tendría.

Participa firmando las peticiones a los legisladores para exigirles que no la aprueben. Puedes firmar aquí:  bit.ly/1NHdcGg  y también aquí: bit.ly/1TlWePY

Pon mucha atención para saber qué legisladores apoyan esta iniciativa, y tómalo muy en cuenta para no votar por su partido en futuras elecciones.

También se han documentado llamados directos por parte de ministros de culto para participar en las movilizaciones convocadas para este 10 y 24 de septiembre como es el caso del Arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana Francisco Moreno Barrón.

En cuanto a la respuesta de las instituciones, el Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religioso, Humberto Roque Villanueva, al ser cuestionado sobre esta postura de las asociaciones religiosas y ministros de culto, declaró:

“lo que están haciendo jerarcas católicos y de la denominación genérica evangélica es defender un punto para ellos de dogma y que no tiene, todavía, que ver con una reforma constitucional aprobada por el Congreso de la Unión”[2].

Esta visión es una perspectiva parcial del marco jurídico mexicano en torno a la regulación de la libertad de creencias y de la libertad de expresión.

En primer término debe recordarse que el artículo 24 de la Constitución Federal[3] señala que “ toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado“, aunque precisa que “nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política”.

Por otro lado, el artículo 130 de la misma Constitución Federal[4] señala específicamente que “las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley“; asimismo considera que los ministros de culto “tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones“.

En el ámbito del derecho internacional el artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[5] señala que “toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión”, pero también contempla las restricciones de este derecho al señalar que “la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás“.

Derivado de todo esto se puede concluir que:

  • Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión (Arts. 24 de la Constitución Federal y 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)
  • Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de la libertad de conciencia y de religión con fines políticos (Art. 24 de la Constitución Federal)
  • Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley (Arts. 130 de la Constitución Federal)
  • Los ministros no podrán, en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones (Arts. 130 de la Constitución Federal)
  • La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás (art. 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Ahora bien, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, siguiendo con el mandato de los artículo 24 y 130 de la Constitución Federal así como del numeral 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece obligaciones y sanciones hacia las asociaciones religiosas y ministros de culto a efecto de sujetarlas a la ley y “proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás”.

Así por ejemplo el artículo 3 de la Ley Asociaciones Religiosas y Culto Público[6] establece que ” El Estado mexicano es laico ” y que “ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros“.

En este sentido el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que las asociaciones religiosas deberán:

I. Sujetarse siempre a la Constitución y a las leyes que de ella emanan, y respetar las instituciones del país;

III. Respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia entre las distintas religiones y credos con presencia en el país, y

IV. Propiciar y asegurar el respeto integral de los derechos humanos de las personas.

De igual manera el numeral 29 de la misma Ley establecen como infracciones a esta normativa las siguientes:

I. Asociarse con fines políticos, así como realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política algunos;

IV. Promover la realización de conductas contrarias a la salud o integridad física de los individuos;

Por otra parte la Constitución Federal y los tratados internacionales establecen derechos humanos, en el caso particular adquiere especial importancia el derecho a la no discriminación que el párrafo quinto del artículo 1 de la Constitución  Federal señala claramente:

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

La misma prohibición de discriminar está contenida en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al hablar de la discriminación por orientación sexual la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Atala Riffo y Niñas vs Chila sostuvo que:

“la orientación sexual y la identidad de género de las personas son categorías protegidas por la Convención. Por ello está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir, de modo alguno, los derechos de una persona a partir de su orientación sexual.”[7]

Así queda contemplado en la Constitución Federal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos el derecho a no ser discriminado con base en la orientación sexual de las personas.

En este orden de ideas, el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo es una extensión de ese derecho a no ser discriminado con base en la orientación sexual de las personas; bajo esta perspectiva, en junio de 2015 la Suprema Corte de  Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia que señala la inconstitucionalidad de toda ley que defina al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer excluyendo a las parejas del mismo sexo:

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL.

Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

De esta manera la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo fue considerada inconstitucional por violar el principio de igualdad y no discriminación; en el mismo sentido toda oposición al matrimonio entre personas del mismo sexo o la afirmación de que el matrimonio únicamente es entre hombre y mujer constituye una violación al derecho a la igualdad y no discriminación.

Bajo estas consideraciones y de acuerdo a lo señalado en los artículos 24 y 130 de la Constitución Federal; 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las asociaciones religiosas y los ministros de culto tienen prohibido manifestarse en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo y mucho menos organizar o fomentar la participación de las personas en movilizaciones que tienen como finalidad manifestar el rechazo ante reformas que quieran reconocer explícitamente ese derecho en los términos de la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte.

No pasa por alto que el artículo 6 de la Constitución Federal también protege el derecho a la libertad de expresión; sin embargo tal derecho no es absoluto pues tiene sus limitaciones en el propio marco constitucional:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

En tal sentido la sujeción a la ley que deben guardar las asociaciones religiosas y culto público en términos del artículo 24 y 130 de la Constitución Federal incluye el hecho de que en ejercicio de su libertad de expresión no puede incluir el fomento de la discriminación.

Aunque los ministros de culto lo nieguen, oponerse al matrimonio entre personas del mismo sexo es fomentar la discriminación. Un acto discriminatorio lo es con independencia de la opinión que tenga quien lo ejecute, así lo establece la fracción III del segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la discriminación:

… se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.

También debe recordarse que por las características que reviste una asociación religiosas y un ministro de culto el ejercicio de libertad de expresión debe examinarse con límites más estrictos ya que no puede compararse en alcance y finalidades a las manifestaciones de un particular que no sea ministro de culto ni represente a una asociación religiosa.

Como se dijo el propio artículo 12 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece los límites a la libertad de manifestar la propia creencia o religión al señalar que se “está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás“. Así, el derecho a la igualdad y no discriminación por orientación sexual reconocidos en la Constitución Federal y la propia Convención Americana justifican que la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos intervenga para sancionar a las asociaciones religiosas y ministros de culto que vulneren estos derechos.

Desde México Igualitario hemos denunciado estas violaciones a la Constitución y a la ley:

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No se trata de censura sino de hacer valer los límites constitucionales y legales del derecho a la libertad de expresión ejercidas por las asociaciones religiosas y ministros de culto. Bajo ninguna circunstancia una democracia puede permitir que una agenda de corte religioso sea la que determine el reconocimiento o restricción de derechos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro el sendero por el que debe conducirse una legislación que busque hacer efectivos los derechos humanos para todos. Esperamos que las instituciones mexicanas sean capaces de defender el estado laico porque es lo que actualmente se encuentra en juego.

Con reforma constitucional o sin ella las parejas del mismo sexo ya se pueden casar, una marcha no podrá con las batallas que ya hemos ganado.

[1] 3 cosas que te urge SABER sobre la peligrosa iniciativa del Presidente, Semanario Desde La Fe; 29 de mayo de 2016, disponible en: http://www.desdelafe.mx/apps/article/templates/?a=6787&z=3

[2] Revista Proceso, 19 de agosto de 2016; disponible en [http://www.proceso.com.mx/451637/iglesia-viola-la-ley-manifestarse-contra-matrimonios-igualitarios-segob]

[3] Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.

El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna.

Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.

[4] Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas.

La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

  1. e) Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.

[5] Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado.
  2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias.
  3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás.
  4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones

[6] Art. 3o.- El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de la Constitución, Tratados Internacionales ratificados por México y demás legislación aplicable y la tutela de derechos de terceros.

El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.

[7] Corte IDH. Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, Párrafo 91

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