Matrimonio igualitario es un derecho.

El pasado 17 de mayo el Presidente de la República firmó un paquete de iniciativas sobre diversos temas relacionados con las demandas de la población LGBTTTI. El matrimonio igualitario es una de ellas.

Las propuestas tienen muchos puntos flojos, se debe principalmente a que no es una reforma integral. Es impensable que a estas alturas la democracia que queremos construir como país siga dejando a las voluntades políticas locales, a las de 32 órganos legislativos, la decisión de garantizar o no derechos humanos. Esta postura no es la de un federalismo con enfoque de derechos.

Una propuesta que quisiera erradicar de fondo el problema buscaría establecer mecanismos más ágiles para el acceso a la justicia y la garantía de los derechos humanos en todo el país. Actualmente, si no hay un artículo transitorio que obligue a los Estados a modificar sus normas, no existe un medio de control constitucional adecuado para obligarlos a acatar el mandato constitucional.

Actualmente el Presidente de la República y el Congreso de la Unión enfrentan al menos dos decenas de juicios de amparo vinculados a la exigencia de su intervención en el combate a la discriminación en torno al matrimonio igualitario.

A pesar de ello la propuesta es un avance sin precedentes en el ámbito político, hasta ahora ningún presidente se había ocupado de un tema tan controversial.

Sin embargo, no debe olvidarse que el pronunciamiento desde Los Pinos llega tarde a una agenda que desde hace muchos años ha sido impulsada desde la sociedad civil y que recientemente ha sido tema de discusión en la Suprema Corte.

El primer pronunciamiento a favor del matrimonio igualitario como un tema constitucional de derechos humanos vino desde la Corte en 2010 al resolverse sobre la validez de las reformas realizadas al Código Civil del Distrito Federal. A esta resolución siguieron las sentencias dictadas también por la Corte en tres juicios de amparo iniciados por parejas del mismo sexo a quienes el Registro Civil de Oaxaca les negó el matrimonio porque la ley local definía a esa institución como la unión de un solo hombre y una sola mujer.

Desde entonces la tramitación de juicios de amparo ha sido una tarea incansable impulsada por diversos colectivos en los ámbitos locales. En menos de tres años se logró cubrir la totalidad del territorio nacional. Por ello en 2015 la Suprema Corte, debido a lo reiterado de sus criterios, emitió una jurisprudencia que señala la inconstitucionalidad de cualquier ley local que defina al matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer, y que además le asigne una finalidad reproductiva.

Así el discurso y la iniciativa deel Presidente de la República llega tarde a un tema que la ciudadanía ha conquistado en los tribunales a base de un gran esfuerzo de organización más allá de los partidos políticos. Aunque no se quiera reconocer, el matrimonio igualitario no ha sido agenda de ningún partido. En cada entidad los intereses se acomodan para que estos temas no avances hasta que ya sea inevitable. Sinaloa es un gran ejemplo.

Tan llegan tarde las iniciativas que antes del anuncio del presidente ya varios Congresos Locales habían utilizado el criterio de la Corte para modificar sus leyes locales.

Todo ello ha sido victoria de la ciudadanía que sin esperar favores políticos se lanzó a los tribunales a exigir el reconocimiento de sus derechos. Curiosamente la exposición de motivos del paquete de iniciativas enviadas por el Presidente no hacen mención a la exigencia ciudadana que ha existido detrás de los múltiples pronunciamientos de la Suprema Corte.

Quienes hemos estado involucrados e involucradas en la lucha por el matrimonio igualitario desde los tribunales sabemos que el pronunciamiento del presidente no fue gratuito; en un escenario sin juicios de amparo que una y otra vez exigen el pronunciamiento de la Corte, el tema no habría llegado a la agenda de Los Pinos.

Es cierto que en México hay una situación grave de múltiples y constantes violaciones a derechos humanos. Como nunca, el país ha sido señalado por organismos internacionales por su incapacidad de dar una respuesta a esta crisis.

De esta manera, la iniciativa puede leerse como un intento oportunista de presentar a México ante el mundo como un país preocupado por los derechos humanos. Lo cierto es que habiendo otros temas más “sencillos” de avanzar en la agenda pública, se escogió al matrimonio igualitario.

Quizá porque el camino que hemos andado desde la sociedad civil lo hace un tema sobre el que no queda mucho más que decir. Más de cien amparos a lo largo del país y por lo menos quince decisiones de la Corte respaldan que el matrimonio igualitario es un tema de derechos humanos y no de opinión pública.

Desde esta perspectiva, en un ejercicio extraordinario de ciudadanía democrática, hemos instrumentalizado al poder público para marcar la pauta de avance en materia de derechos humanos. La participación activa de la sociedad civil cercó el camino para que por primera vez un Presidente de la República se pronunciara al respecto.

Lo que queda es exigir a los Congresos locales que actúen a la altura de las circunstancias y que no se engañen, matrimonio igualitario en  México no se detendrá porque se rechace la reforma. La conquista se ganó desde hace mucho, se aprueben o no las iniciativas las parejas del mismo sexo podrán seguirse casando aunque sea por medio de un amparo.

Los Congresos locales tienen que decidir si insisten en continuar violando derechos humanos o si finalmente acuden al llamado de la Constitución y los derechos.

México ya no es el de antaño en que esperábamos la venia del presidente, congresos o gobernadores para buscar el reconocimiento de nuestros derechos. Hemos entendido que la democracia se construye, por sobre todas las cosas, desde la ciudadanía y no al revés.

Bajo este entendido, si queremos mantener vigente un marco constitucional más o menos efectivo, la reforma constitucional propuesta por el presidente tendrá que aprobarse por una sencilla razón: porque el matrimonio igualitario es un derecho, es nuestro derecho.

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