Matrimonio Igualitario en México… una etapa que concluye.

Parece que apenas fue ayer cuando conocí a Emanuel y Alejandro, recuerdo que en ese entonces, en 2011, ni siquiera me había titulado. Quizá muy pocas personas saben que el litigio por el matrimonio igualitario en Oaxaca, que se ha convertido en una lucha jurídica de escala nacional, fue algo que no planeamos con los alcances que ha tomado. En aquél momento éramos sólo un activista aprendiz de abogado y la pareja de chicos que querían casarse en su propio Estado.

Con el paso del tiempo varias personas se sumaron al proyecto, la invaluable colaboración de mi amigo Jesús Yoshio Morales Ramírez fue determinante para que los procesos siguieran aún estando yo fuera del Estado, sólo él sabe las veces que le pedí su ayuda. Otras parejas también se sumaron y el litigio que inocentemente proyecté para seis meses nos llevó a un juicio de más de dos años que culminó en la Suprema Corte.

Recuerdo también mi primer entrevista con Sergio Méndez Silva así como aquél desayuno en el que conocí a Geraldina González de la Vega, dos grandes profesionales del derecho a quien me honra de tener ahora como amistades. Justo es dejar constancia de que sin su ayuda es muy probable que esta historia hubiera tomado un rumbo no tan afortunado. Recuerdo nuestras reiteradas conversaciones, esos intercambios de dudas, inquietudes, predicciones y… por qué no decirlo, de preocupaciones.

Así es como esta pequeña historia ha llegado a convertirse en una gran batalla cuya primer victoria llegó el 5 de diciembre de 2012 cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad de votos otorgar el amparo a las tres parejas a quienes el Registro Civil del Estado de Oaxaca les había rechazado su solicitud por tratarse de personas del mismo sexo.

Con esto la Corte decidió por primera vez en su historia que resulta discriminatorio excluir a las parejas de personas del mismo sexo del acceso al matrimonio; fue un paso más después del planteamiento resuelto en 2010 a cerca de la facultad que tiene un poder legislativo local para modificar la definición de matrimonio. Esta vez, como lo diría Ana Laura Magaloni, ya no se trataba de un pleito entre poderes, sino de ciudadanos y ciudadanas cuestionando al Estado sobre la legitimidad de normas que les restringen derechos.

Las reacciones a estas sentencias fueron diversas, los grupos de siempre las criticaron con los argumentos de siempre, otra parte de la población las celebró como lo que eran: un gran avance. Pero lo que debe resaltarse es que, tal como pasó en Oaxaca, han sido las mismas autoridades en las entidades federativas (Congresos, Gobernadores y Registros Civiles) las que en los juicios de amparo se han opuesto al avance de este derecho. De los juicios tramitados en casi todas las entidades de la República no ha habido una sola autoridad que acepte que sus normas son discriminatorias al definir al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer.

Recuerdo mi fascinación al leer las sentencias; sentí, sobre todo con la del Ministro Zaldivar, que había reivindicado un poco de mi mismo y un poco de la historia de quienes en este país y en el mundo han luchado por devolvernos un poco de la justicia que nos han robado. Una parte del sueño que perseguía desde niño se había cumplido.

Debo confesar que no imaginé que aquellas decisiones de la Corte me llevarían a conocer a tantas personas a lo largo del país a quienes les interesaba iniciar esta lucha también en sus Estados, yo había pensado entregar las sentencias a las parejas de Oaxaca y buscar algo más a qué dedicarme, creía que con ello mi compromiso se había cumplido. Hoy sé que después de esos tres juicio han venido mucho más, tantos que me ha resultado imposible llevar la cuenta, apenas la semana pasada presentamos una demanda más en el Estado de Hidalgo.

A pesar de esta oposición oficial unánime todos los juicios que otras parejas han tramitado se han resuelto favorablemente, el criterio de la Primera Sala se ha replicado una y otra vez en los reclamos que se hacen desde los Estados, algunas de esas demandas incluso llegaron también a la Corte quien aprovechó para reiterar sus decisiones.

Muchas otras cosas han pasado en este tema desde aquél diciembre de 2012, un proyecto nacional ha nacido y se ha fortalecido de la mano de otras personas y organizaciones: hemos iniciado otras estrategias, incluido otros argumentos, han surgido nuevos retos e inlcuso hay juicios pendientes de resolverse pero hoy hemos llegado a un punto de inflexión histórico: la Suprema Corte ha integrado jurisprudencia obligatoria sobre el matrimonio igualitario.

¿Cuáles son las implicaciones de esto?

Las decisiones que desde el Poder Judicial se habían venido tomando en este tema no se habían convertido en criterios obligatorios en términos de la Constitución y la Ley de Amparo, tenían el estatus de tesis aisladas (no vinculantes); eso ha cambiado, este 3 de junio de 2015 finalmente se acumularon los precedentes necesarios para integrar jurisprudencia.

Esto significa que en términos del artículo 94 de la Constitución Federal y 217 de la Ley de Amparo, se ha convertido en obligatorio el criterio que sostiene que resulta discriminatorio excluir a las parejas de personas del mismo sexo del acceso al matrimonio.

El cambio es relevante porque la jurisprudencia obligatoria, al ser resultado de la interpretación de la propia Constitución, se considera como parte de ella y en ese sentido se puede decir que hoy por hoy la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto sin perjuicio de un análisis más amplio que puede hacerse a la luz de los tratados internacionales.

En el aspecto práctico esto significa que la tramitación de los amparos en curso y los sucesivos tomaran menos tiempo debido a que a partir de ahora existe ya un criterio obligatorio para los Jueces de Distrito y los Tribunales Colegiados en todo el país.

Con esto una etapa del litigio en la Corte se ha cerrado, al crear jurisprudencia el tema deja de requerir la intervención del Alto Tribunal, el criterio obligatorio se ha fijado por lo que únicamente queda a los Tribunales inferiores la tarea de aplicarlo. Por lo que respecta la estrategia nacional nos queda el reto de continuar el litigio para lograr la modificación de los Códigos Civiles y lograr una reparación integral por esta violación de derechos humanos.

Quisiera concluir enfatizando en lo curioso que resulta el hecho de que mientras esto pasa en la Suprema Corte los discursos políticos siguen oponiéndose abiertamente o argumentando que no es tema que se encuentre incluida en sus agendas legislativas, incluso hay candidatos y candidatas que han firmado acuerdos que buscan reafirmar su postura contra el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lastimosamente en este país la política y los derechos humanos caminan por senderos distintos cuando no contradictorios…

Les dejó aquí la jurisprudencia 43/2015 (10a.) cuya aplicación, com se ha dicho, resulta obligatoria a partir de ahora para todos los operadores jurídicos del país:

MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como “entre un solo hombre y una sola mujer”. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente.

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi.

Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada.

Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

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  1. elisa

    HOLA, ME PUEDES PASAR EL LINK DE DONDE PUEDO CONSULTAR LA JURÍSPRUDENCIA, O EL NUMERO DE REGISTRO DE IUS POR FAVOR?. TE LO AGRADECERÉ MUCHO EN VERDAD

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