Un llamado al debate… un nuevo amparo por el Matrimonio Igualitario en México

De esto se trata la demanda contra EPN, Congreso Federal, Gobernadores y Congresos locales:

      ¿Puede a través del Juicio de Amparo exigirse el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de derechos humanos?

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH) impone a los Estados firmantes diversas obligaciones en materia de derechos humanos; entre ellas se encuentran: a) El deber de respetar todos los derechos (art. 1), b) La obligación de adecuar su legislación interna (art. 2) y c) Una cláusula Federal que estipula la obligación del Gobierno central de vigilar por que los regímenes locales cumplan con la Convención (art. 28.2). Dichas obligaciones son de carácter general y fungen como sistemas de garantía para asegurar el cumplimiento de la Convención. La finalidad es que se respeten todos los derechos contenidos en dicho tratado.

En este mismo orden de ideas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM, la Constitución o Constitución Federal) en su artículo 1o establece la obligatoriedad de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos tanto en la propia Constitución Federal como en los tratados internacionales en la materia (léase en este caso la Convención Americana).

Con estos dos antecedentes así como lo que se ha desarrollado en la jurisprudencia internacional y nacional (en relación a ésta última sobre todo a partir de los expedientes Varios 912/2010 y Contradicción de Tesis 293/2011) se ha establecido un diálogo jurisprudencial entre la México y el Sistema Interamericano.

Ahora bien, en este caso el tema se centra en el derecho a contraer matrimonio y por supuesto el conjunto de derechos humanos relacionados con su efectivo cumplimiento. En la CADH este derecho se encuentra contemplado explícitamente en el artículo 24.2 mientras que en la CPEUM este derecho se ha desarrollado vía jurisprudencia como parte del libre desarrollo de la personalidad (Acción de Inconstitucionalidad 02/2010 y Amparo en Revisión 581/2012 -entre otros-, ambos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en adelante SCJN o Suprema Corte-, el primero en Pleno y el segundo por la Primera Sala). Finalmente, este derecho en el sistema jurídico mexicano se encuentra en  el ámbito de competencia de las entidades federativas, es ahí en donde se establecen las definiciones de matrimonio así como los requisitos para poder celebrarlo. Cabe señalar que la Corte Interamericana ha señalado que la regulación del derecho a contraer matrimonio queda en manos de los Estados firmantes sin que ello signifique que esta regulación pueda hacerse arbitrariamente pues queda sujeta al cumplimiento de los demás lineamientos establecidos en la CADH y su jurisprudencia.

Derivado de lo anterior, en el amparo se expuso la problemática derivada de la interpretación que hasta ahora se ha dado del federalismo mexicano: Un derecho reconocido en la CADH retroalimentado en ambos sentidos con los criterios de la SCJN en México es de competencia local, lo que al día de hoy ha producido que en los hechos ese derecho no se respete universalmente pues en nuestro país, a excepción del Distrito Federal, toda la regulación de la figura del matrimonio gira alrededor de un concepto que lo define como la unión de un solo hombre y una sola mujer, haciendo con ello imposible que dos personas del mismo puedan acceder a ese derecho –salvo la vía del amparo-.

Todo esto se traduce en que en realidad para las personas homosexuales no existe un reconocimiento por parte de los Estados Unidos Mexicanos del Derecho a contraer matrimonio, esto en clara contradicción con la CADH y la propia CPEUM; circunstancia que en sí misma ya es violatoria de derechos humanos pues no hay una protección igual por parte de las leyes mexicanas, los homosexuales no tenemos derecho contraer matrimonio con personas de nuestro mismo sexo que es lo que nos define como tales, en tanto que las personas heterosexuales lo tienen reconocido y garantizado violándose así el artículo 17 de la CADH en relación con el 1º de la CPEUM, esto con independencia de otras violaciones como lo es al propio artículo 24 de la CADH.

Ahora bien, no se desconoce que a partir del 5 de diciembre de 2012 en México las parejas de personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio en cualquier entidad a través de la tramitación de un juicio de amparo, con todo lo discriminatorio que representa el hecho en sí mismo de que como homosexuales, a diferencia de los heterosexuales, se tenga que tramitar un juicio federal para poder casarse. Esta vía de ninguna manera subsana el incumplimiento de la CADH y de la propia CPEUM pues la sentencia de amparo obliga a la autoridad local a celebrar el matrimonio pero ello no significa que en consecuencia se reconozca a nacional el derecho de las personas homosexuales a contraer matrimonio con personas del mismo sexo: obliga al Registro Civil a celebrar el matrimonio y sólo por extensión obliga al resto de las entidades a darle validez a ese acto (como acto del estado civil equiparable en validez a cualquier otro como el nacimiento, muerte, adopción) pero, se insiste, ello no significa que las demás entidades federativas reconozcan tu derecho a contraer matrimonio porque incluso quien contrae matrimonio en Oaxaca si se divorcia y con posterioridad pretende contraer matrimonio en otra entidad de la república, bajo el esquema actual tendrá que volver a tramitar un juicio de amparo precisamente porque el hecho de que se haya obligado al Registro Civil de Oaxaca a casarlo no implica que en el futuro pueda casarse en cualquier otra entidad del país.

En el fondo de todo esto está que México se encuentra en desacato a las obligaciones internacionales impuestas por la CADH (art. 1, 2 y 28): Si la CADH en su artículo 24.2 establece el Derecho a contraer matrimonio y en sede interna la SCJN ha dotado de contenido a ese derecho estableciendo que ese derecho se extiende a las personas que deseen contraer matrimonio con personas de su mismo sexo (muestra de ello es la cantidad de amparos sobre ese tema que se han dado en el último año en más de 14 entidades del país), el Gobierno Federal (Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Congreso de la Unión) incumplen la Convención en dos sentidos: a) No han adecuado la legislación interna (art. 2 de la CADH) de México para hacer accesible universalmente el Derecho a contraer matrimonio pues hasta ahora sólo pueden acceder a él las parejas heterosexuales, y b) El Gobierno Federal no ha cumplido con su tarea de vigilar que los gobiernos locales cumplan integralmente con la CADH (art. 28.2 de la CADH).

Asimismo hay un incumplimiento del derecho a la protección judicial (art. 25 de la CADH) pues no existe un mecanismo a través del cual el Ejecutivo Federal pueda ordenar a los gobiernos locales el cumplimiento de la CADH. El federalismo se ha malententido como una total arbitrariedad para que los gobiernos locales trasgredan derechos humanos.

Por todo lo anterior y por las repercusiones que estos incumplimientos traen en la esfera jurídica de las personas homosexuales en materia de derechos humanos es que surge una pretensión válida para demandar al Gobierno Federal (Poderes Ejecutivo y Legislativo) el cumplimiento de los artículos 1, 2 y 28 de la CADH. Ahora bien, consciente de que a través del juicio de amparo no puede, por sí solo, modificarse la toda la legislación en la materia sino sólo declararse el incumplimiento de las obligaciones en espera de que este criterio se reitere y en su caso pueda volverse obligatorio es preciso que se dicte una sentencia que a nivel nacional reconozca el derecho a contraer matrimonio con una persona del mismo sexo dada; esta es la única vía de equilibrar los alcances de un juicio de amparo y dar debido reconocimiento y garantía de mis derechos; con esta finalidad es que se llamó a juicio a todos los poderes ejecutivos y legislativos del país para que se respete su derecho de audiencia haciendo posible que en caso de dictarse una sentencia a favorable les sea obligatoria.

Así gobernadores y congresos locales fungen como terceros interesados pues parte de la argumentación desarrollada en este amparo tiene que ver que la competencia de los gobiernos locales se reduce a una regulación formal, pero no material del derecho a contraer matrimonio, esto es que no tienen legitimidad para establecer en sus leyes la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo; esto es, que el sistema federal no alcanza para que la libertad de configuración normativa de los gobiernos locales transgredan, como lo hacen, los derechos humanos reconocidos en la CADH y en la CPEUM. La consecuencia de esto es que en cumplimiento de los artículos 1, 2 y 28 de la CADH el Gobierno Federal debe hacer de la materia familiar (donde se ubica la regulación del matrimonio) una competencia Federal para que pueda dictar una legislación, un ordenamiento mínimo uniforme para todo el país dejando únicamente  la parte formal y procesal a las entidades federativas; aunque para realizar todo esto el Poder Judicial de la Federación deba reinterpretar la relación existente entre los artículos 4º, 41 y 73 de la CPEUM que es de donde hasta ahora se ha concluido la competencia absoluta de las entidades federativas para regular lo relativo al matrimonio.

Este señalamiento de dichas autoridades como terceros interesados suple la ausencia de un recurso efectivo para que el Gobierno Federal exija de los gobiernos locales el efectivo cumplimiento de la CADH; ante esa ausencia es que es dable que se les llame a juicio para que manifiesten lo que a su derecho convenga.

Finalmente y como derivado de los incumplimientos mencionados se señalaron como violados una serie de derechos humanos relacionados con el Derecho a contraer matrimonio y también se solicitó que en términos del artículo 1º de la CPEUM se ordene una reparación integral de esas violaciones.

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