Enlaces Conyugales y Ley de Libre Convivencia. Entre la celebración y la denuncia.

no miga - copia     El 5 de diciembre de 2012, por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a tres parejas de personas del mismo sexo a quienes el Registro Civil de Oaxaca  les  había negado su solicitud de matrimonio  bajo el argumento de que el Código Civil del Estado define al matrimonio como un contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer.

Sin duda, esta decisión ha sido histórica en nuestro país en donde los procesos político-partidistas han sido desfavorables en todo intento de avanzar por la vía legislativa, salvo en el D.F., en el avance del pleno reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo a través del matrimonio. Debe recordarse que hasta antes de diciembre de 2012 sólo en el Distrito Federal era posible, desde finales de 2009, que dos personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio por disposición expresa del Código Civil.

La situación real es que en ninguna otra entidad federativa hasta ahora se ha logrado un suficiente impulso social y consenso político para reformar el Código Civil para incluir, sin limitaciones, el acceso al matrimonio para las parejas de personas del mismo sexo.

En este escenario tan complicado en el que además la Constitución Federal reserva a las entidades federativas la competencia para legislar en materia civil es que la sentencia de la Corte que otorgó el amparo a las parejas en Oaxaca han significado el inicio de toda una estrategia judicial por la búsqueda del reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo desde los propios Estados obligándolos a través del amparo a abrir la puerta a esta posibilidad.

Es así como de diciembre de 2012 a noviembre de 2013 son por lo menos 12 estados los que se encuentran actualmente empujando el tema desde el ámbito judicial, es un avance impresionante si se toma en cuenta que desde la aprobación de las reformas en el D.F. en 2009 en materia de matrimonio no se había alcanzado otro logro similar. Al día de hoy en Oaxaca, Yucatán y  Chihuahua las oficinas locales encargadas del Registro Civil se han visto obligadas a celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo; como lo deberán hacer los demás Estados al resolverse los juicios de amparo pendientes. Los poderes Ejecutivos y Legislativos locales han sido derrotados en su ferviente intento por mantener al matrimonio en los discriminatorios límites heterosexuales en que tradicionalmente se había concebido.

Las consecuencias de las sentencias de Oaxaca se están construyendo día con día y aún falta mucho por ver.  Especial mención merecen los dos cambios legislativos en que estas resoluciones han influido ya que en ellas se ha fundamentado el llamamiento a juicio de los gobernadores y congresos locales de Colima y Jalisco ante los Tribunales Federales porque a diversas parejas de personas del mismo sexo se les negó el matrimonio en razón de su orientación sexual, recordemos que las leyes locales de esos estados mantienen una definición de matrimonio de tal forma que sólo pueden acceder a él parejas heterosexuales. Colima reforma en agosto de 2013 su Constitución y Código Civil creando la figura de Enlaces Conyugales y Jalisco aprueba a finales de octubre de este año la creación de la Ley de Libre convivencia.

De estos dos acontecimientos se han dicho muchas cosas, a favor y en contra, vale la pena detenerse un momento a clarificar lo que estas modificaciones legislativas han significado; sobre todo porque a la luz de los derechos humanos sólo una de ellas representa un cierto avance en la materia: la Ley de Libre Convivencia.

En primer término debe diferenciarse que el Enlace Conyugal significa una modificación al estado civil de las personas por celebrarse y registrarse ante un oficial del Registro Civil, en tanto que la Libre Convivencia no tiene tales consecuencias por llevarse a cabo ante un notario público.

Por otro lado, en Enlace Conyugal va encaminado específicamente al reconocimiento de la unión erótico-afectiva entre dos personas del mismo sexo, en tanto que la Libre Convivencia no se limita a este tipo de uniones sino que puede ser celebrada incluso entre familiares que conviven en un hogar común.

En este sentido es preciso dar respuesta a las preguntas iniciales sobre estas dos figuras recientemente creadas ¿qué se celebra?, ¿qué se denuncia?

En Jalisco, sin duda, debe celebrarse la creación de esta Ley de Libre Convivencia porque representa un avance en el reconocimiento de derechos y obligaciones a otro tipo de uniones de hecho que existen más allá del matrimonio y concubinato; sin embargo debe tenerse muy claro que esta Ley no va encaminada específicamente a la población LGBTI por lo que la celebración no nos es exclusiva. Debe quedar muy claro que por ningún motivo la Libre Convivencia se equipara al matrimonio y por ello éste tema sigue siendo un pendiente en la agenda LGBTI, sobre todo porque está includo el debate en el sentido de analizar si puede hablarse de que la Libre Convivencia es, en general, una medida protectora de la familia o si es sólo una forma de reconocer derechos y obligaciones a uniones de hecho.

También resulta interesante poner sobre la mesa que el avance que representa la Libre Convivencia tiene como origen la discriminación de un Estado que se resiste a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo; en el fondo lo que buscan con esta Ley es silenciar las demandas de la población LGBTI por el reconocimiento del matrimonio en condiciones de igualdad. Crean la Libre convivencia pensando que con ello dejan a salvo su sagrada institución matrimonial… nada más equivocado que ese razonamiento. Esto quedará comprobado cuando ya sea un Tribunal Colegiado de Jalisco o la propia Suprema Corte confirme la sentencia de amparo que hace algunas semanas se concedió a una pareja de personas del mismo sexo de esa entidad para que puedan contraer matrimonio.

Es de suma importancia también abandonar por completo la idea de que la creación de figuras como las Sociedades de Convivencia en el D.F., el Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila o esta Libre Convivencia sea un paso necesario para buscar el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo; como se ha dicho estas figuras buscan un objetivo distinto a la figura del matrimonio y por lo tanto no resultan interdependientes. El reconocimiento de otro tipo de uniones bajo un régimen diferente al de matrimonio obedece a la necesidad de que éste deje de ser una figura monopólica en cuanto a las formas en que cada persona decide establecer sus relaciones personales.

Lo que me parece inaceptable es que el Congreso del Estado pretenda, con la Libre Convivencia, dar respuesta a la exigencia del matrimonio igualitario, no aceptaremos gato por libre; a quienes desde la sociedad civil trabajamos temas LGBT debe quedarnos claro que en la búsqueda del pleno reconocimiento jurídico de nuestras relaciones la Libre Convivencia no cumple con el objetivo y el tema de discriminación queda vigente y su denuncia debe persistir.

En cuanto a la creación de los Enlaces Conyugales la medida resulta totalmente discriminatoria en términos de lo que la propia Corte ha dicho; se ha pretendido vender la idea de que reconoce los mismos derechos pero si se analizan a detalle sus alcances se podrá evidenciar que está armada para disfrazar un candado para que no se pueda adoptar por parejas de personas del mismo sexo que hayan celebrado su unión bajo la modalidad del Enlace, pues el artículo 391-B habla de la adopción de un matrimonio o de quienes vivan en concubinato, no se incluye en dicha posibilidad a quienes se unan vía Enlace.

En materia de concubinato precisamente el Código Civil de Colima no deja claro si dicho régimen aplica a las parejas de personas del mismo sexo o únicamente a uniones heterosexuales. Lo bueno de todo esto es que esta reforma no implica que las parejas de personas del mimos sexo no puedan buscar la celebración de su matrimonio en ese Estado; la estrategia que hemos venido siguiendo a través del amparo no varía: se va a solicitar el matrimonio y ante la negativa del Registro Civil de celebrarlo por considerar que la figura que les corresponde es la de Enlaces Conyugales se interpone la demanda y con toda seguridad, como hasta ahora, se obtendrá una sentencia favorable evidenciando lo que aquí se ha dicho en cuanto a lo discriminatoria que resulta esta nueva figura.

Así las cosas continuamos entre celebraciones y denuncias; seguimos avanzando: la Corte resolverá en definitiva la solicitud de matrimonio que se les negó a una pareja de personas del mismo sexo en Colima a quienes un Juez de Distrito ya otorgó el amparo pero el Estado se inconformó con esa decisión; en Jalisco la muestra de que la discriminación desde el Estado subsiste es el hecho de que ante el amparo concedido en esa entidad a una pareja de mujeres para que pudiera contraer matrimonio las autoridades se inconformaron e interpusieron también un recurso de revisión.

    Los pendientes del Estado para con la población LGBT son muchos y no hay duda de que no se limitan al tema de matrimonio; pero el hecho de lo que vamos logrando con este tema da muestra de que seguimos avanzando y descubriendo nuevas formas de vencer las resistencias del Estado, las sociales, las morales e incluso las religiosas. En hora buena y felicidades a todas aquellas personas, presenta y no, que han hecho posible lo que hoy estamos viviendo.

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