Un paso más… Sinaloa

Sinaloa mas

El pasado lunes 9 de septiembre de 2013 otro de esos días históricos en nuestro país, continuando con la estrategia en la que desde lo jurídico buscamos avanzar en la reivindicación de derechos hacia la población LGBTTTIQ obtuvimos una sentencia más de amparo con la que hemos damos un paso más en el logro de este objetivo.

Hasta ahora, después de las sentencias dictadas para Oaxaca en relación al matrimonio igualitario, los amparos promovidos en Colima, Yucatán, Estado de México, Chihuahua han sido otorgados con base en el análisis de que la negativa de matrimonio expedida por el Registro Civil es un acto de autoridad que vulnera los derechos fundamentales de las personas; sin embargo a la par de estos argumentos trabajamos una hipótesis que pretende ir mas allá de este análisis: la simple existencia de una definición de matrimonio o concubinato en términos en que sólo pueden acceder a esas figuras las parejas heterosexuales implica ya por sí misma una discriminación atribuible directamente al legislador.

Este planteamiento fue hecho por primera vez también en Oaxaca el 17 de mayo de 2012 cuando presentamos un amparo haciendo valer estos argumentos alegando la existencia de un interés legítimo a favor de las personas homosexuales y lesbianas que firmamos la demanda. Como era de esperarse, por lo novedoso del planteamiento, el amparo fue desechado en primera instancia obligándonos a interponer el correspondiente recurso de revisión a efecto de buscar que dicha sentencia sea revocada y la protección constitucional nos sea concedido. Actualmente este amparo en revisión (152/2013) se encuentra en espera de ser resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo proyecto está a cargo del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, esperamos sea resuelto favorablemente en las próximas semanas.

Independientemente de lo planteado en Oaxaca en donde el Código Civil impugnado data de 1944, el Estado de Sinaloa presentó una importante oportunidad para volver a hacer este planteamiento ahora respecto de una norma de reciente creación pues el Código de Familia para esta entidad fue promulgado en enero de este año, en ese sentido diseñamos la estrategia para volver a impugnar la definición de matrimonio y concubinato (artículos 40 y 162 respectivamente).

Artículo 40. El matrimonio es una institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada.

Cualquier condición contraria a estos fines, establecida por los cónyuges, se tendrá por no puesta.

 Artículo 165. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer quienes, libres de matrimonio, hacen vida en común de manera notoria, permanente, han procreado hijos o han vivido públicamente como marido y mujer durante dos años continuos o más.

 El concubinato genera entre los concubinos derechos alimentarios y sucesorios, con independencia de los demás reconocidos en este Código o en otras leyes.

 No se considerará concubinato, cuando haya varias uniones de este tipo, con una  misma persona.

Con este escenario de fondo se pudo en marcha nuevamente esta estrategia correspondiendo, por competencia en razón del territorio conocer de esta impugnación a los Juzgados Segundo (Amparo indirecto 307/2013) , Séptimo (Amparo indirecto 262/2013) y Noveno (Amparo indirecto 375/2013) de Distrito en en Estado de Sinaloa. Los amparos radicados en los juzgados Segundo y Noveno fueron negados debido a que una indebida apreciación de la demanda los llevó a determinar la falta de un interés jurídico para acudir al Amparo toda vez que no se había demostrado la negativa del registro civil para celebrar el matrimonio o para reconocer el concubinato, siendo que estas exigencias corresponde a la configuración del interés jurídico y el medio de control constitucional intentado se basó en la existencia de un interés legítimo a favor de las personas firmantes.

A pesar se los primeros reveces, este 9 de septiembre conocimos que en relación al amparo pendiente de resolver (262/2013, Juzgado Segundo de Distrito) el amparo había sido concedido al tenor de una sentencia de primer orden, que sin duda, revoluciona nuestro sistema jurídico pues concretiza precisamente una de las aspiraciones de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo ampliando exponencialmente la protección en esta materia a favor de las personas. En la sentencia se lee:

     En el caso específico, a juicio de este tribunal las normas impugnadas desde su vigencia sí ocasionan o afectan a los quejosos en su interés legítimo como homosexuales al excluirlos la norma para contraer bajo esa condición el matrimonio o conformar el concubinato, pues lo anterior es así, no obstante que los agraviados no demostraron que pretendían contraer matrimonio o formar el concubinato con alguna persona, pues ello no es motivo para considerar que la ley reclamada desde su formación y vigencia no les cause perjuicio como personas, ya que existen derechos universales que el legislador está obligado a respetar en todos los ciudadanos y a reconocérselos en el texto mismo de la ley y al no hacerlo, en atención a la especial situación de los sujetos a los que no les reconoce un derecho la propia norma, ante esa especial situación frente al orden normativo es evidente que cuenta con un interés legítimo para acudir al amparo.

En efecto, existen derechos de primer orden, como lo son la vida, la libertad sexual,  el derecho a formar una familia, a planificarla, etcétera, que el legislador debe reconocer a todos los habitantes de la Nación, esto es, esos derechos deben ser reconocidos a todos en el texto de la ley, de tal forma, que de no hacerlo, ello vuelve a la misma de carácter prohibitivo, pues desde su vigencia impide a las personas que no reconoce a hacer uso de ese derecho.

     A mayor abundamiento, en el caso a estudio, no debe esperarse a que una persona quiera contraer matrimonio o vivir en concubinato, para establecer que tiene interés para impugnar una ley que tácitamente se lo prohíbe, pues esa persona tiene el derecho a que el legislador le reconozca en el texto de la ley la existencia de ese derecho, de tal forma, que en cualquier momento que lo desee pueda hacer uso de él.

     Máxime, que al no reconocérseles ese derecho a determinados grupos sociales, tácitamente niega su existencia o los ignora en la función legislativa, lo que de suyo les causa un perjuicio, por lo que el único extremo que debe probarse, es que el promovente forma parte del grupo social excluido; en el caso, que sean homosexuales.

Estos criterios están llamados a revolucionar nuestro sistema jurídico en la materia, en los próximos días estaremos a la espera de la respuesta del Congreso y el Gobernador del Estado ante esta sentencia y buscaremos que se revoquen los amparos que habían sido negados para armonizarlos con esta resolución; de ser necesario acudiríamos nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedir que se hagan verdaderamente efectivos nuestros derechos.

A esta alturas al Poder Judicial de la Federación se ha convertido en el mejor aliado para vencer posturas que conciben a los derechos humanos como una materia sujeta a disposición de los dictados de una mayoría supuestamente representada en los Congresos Estatales. Hemos dado grandes pasos, no nos dejaremos vencer…

Aquí les dejo esta Sentencia:

Amparo Indirecto 262/2013, Juzgado Séptimo de Distrito

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